Sobre el Observatorio

Se aprecia claramente de la anterior definición que la “discapacidad” tiene tres (3) diferentes connotaciones en cuanto a las limitaciones que implica ésta para la persona humana, a saber: (i) DEFICIENCIAS, (ii) LIMITACIONES DE LA ACTIVIDAD; y, (iii) RESTRICCIONES DE LA PARTICIPACION.

El análisis de un tema como el que nos ocupa en el presente Observatorio, ha ocupado la atención de científicos, médicos, políticos y sociólogos a lo largo de la historia; y, especialmente a partir de 1948, momento en que entra en vigor la Declaración Universal de los Derechos Humanos al crearse la Organización de las Naciones Unidas (ONU); pero aún así desde más de doscientos años antes de ese momento, ya en la Francia revolucionaria y el desarrollo de las ideas de Libertad, Igualdad y Fraternidad, la misma fue contemplada como una limitación a los principios de IGUALDAD que deben prevalecer en la convivencia de los seres humanos.

Un análisis profundo y completo de todos los temas físicos, sociales, culturales y económicos que conlleva el término “Discapacidad” sería objeto de un tratado casi inagotable de ideas, conceptos y recomendaciones; por lo que el objeto del presente Observatorio es circunscribir el análisis a los DERECHOS FUNDAMENTALES de las personas con discapacidad y sus regulaciones a nivel local en los países que forman parte del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y la regulación que en cada uno de los Estados se aplica a dicho tema.

Acerca del concepto de “Discapacidad” es importante mencionar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento de derechos humanos jurídicamente vinculante que protege de manera general los derechos de las personas con discapacidad y supone la consagración del cambio de modelo en la forma de concebir la discapacidad desde el Derecho internacional, afirma en su preámbulo que: «[…] la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás». Además, se reafirma la consideración en la que la discapacidad como cuestión de derechos humanos, fundamenta la dignidad de la persona. En la letra c) del Preámbulo, los Estados Partes proclaman «la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación», reconociendo en la letra h) que «la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano».

Con ello se reafirma el cambio de modelo de la discapacidad y se apuesta por el reconocimiento de derechos, por lo que la discapacidad deja definitivamente de ser considerada como una materia de política social o asistencial para constituir una verdadera cuestión de derechos humanos.

Finalmente, queremos hacer énfasis en el punto esencial que consideramos la base legal que debe fundamentar el respeto y cumplimiento de los Estados a los derechos de las personas con discapacidad; y, que consiste precisamente en el DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN, derecho del cual derivan, a nuestro criterio, el efectivo cumplimiento de los derechos inherentes a las personas de los discapacitados, toda vez que la NO DISCRIMINACIÓN se refleja sin lugar a dudas en el marco CONSTITUCIONAL y legal accesorio que conlleva el respeto legal de estos derechos, la inclusión de los discapacitados en la vida normal y diaria de sus entornos y el castigo por norma penal a la violación o al incumplimiento de los mismos.

Este principio de no discriminación, en el que se basan todos los tratados de derechos humanos, se ocupa de evitar toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que obstaculice el reconocimiento y el ejercicio de los derechos, en igualdad de condiciones para todos, y se interrelaciona con el derecho de igualdad, enunciado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al indicar que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, lo que implica que las personas con discapacidad gozan de los mismos derechos.

El respeto a este primordial principio aplicable a las personas con discapacidad, debe promoverse y garantizarse por los gobiernos de los Estados, como pilar fundamental de sus derechos humanos protegido por la normativa existente.

La Convención tiene como propósito «promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente». Como señala Kanter, su ámbito y cobertura no tienen precedentes: es el instrumento internacional más ambicioso de cuantos se han adoptado en materia de discapacidad.1

En esta sección se incluye un análisis de la normativa legal en materia de derechos de las personas con discapacidad en los países miembros del PARLACEN, así como documentos que rigen este importante tema a nivel internacional.

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